Mar del Plata, 22 de Mayo de 2014.
Con motivo del recurso de queja interpuesto a fs. 21 por el Sr.
Marcelo Alejandro Chaar -parte actora-, con el patrocinio de la Dra. Gabriela
Judit de Sabato, contra la resolución que obra en copia a fs. 18 del día 05
de mayo de 2014; y
VISTO:
El presente expedientillo traído a conocimiento de la Sala Tercera de
este Tribunal de Alzada,
CONSIDERAMOS que:
I) En la sentencia que en copia luce a fs. 1/16 el a quo desestimó la
demanda por cumplimiento de contrato promovida por Marcelo Alejandro
Chaar, pero hizo lugar al reclamo indemnizatorio por daños y perjuicios y,
en consecuencia, condenó a las firmas "Volkswagen S.A. de Ahorro para
fines determinados" y "Romera Hermanos S.A" a abonar solidariamente al
accionante la suma de: a) $ 6.158, en concepto de daño patrimonial, pérdida
de chance y daño moral -con más intereses conforme lo expresado en los
considerandos-; b) $ 6.938,88 en concepto de penalidad convenida -sin
intereses-, y c) $ 300.000 en concepto de daño punitivo.
II) A fs. 17 se agregó copia de los recursos de aclaratoria y apelación
deducidos por el codemandado "Volkswagen S.A. De Ahorro Para Fines
Determinados", obrando -a fs. 18- un ejemplar de la providencia que
concedió libremente el recurso intentado contra la sentencia definitiva
dictada en el proceso
III) A fs. 21 se presenta el Sr. Marcelo Alejandro Chaar –parte actora-
e interpone recurso de queja cuestionando el efecto suspensivo con que se
concedió la apelación referenciada (v. fs. 18), .
Afirma que en las presentes actuaciones se han dirimido cuestiones
referidas a una relación de consumo y que, por ende, son de aplicación las
disposiciones de la ley 13.133. Concretamente destaca que, habiendo la
sentencia de grado acogió la pretensión indemnizatoria, de acuerdo a las
previsiones del art. 29 de la ley 13.133 el recurso debió concederse con
efecto devolutivo.
IV) Tratamiento del recurso.
Previo a ingresar en el estudio de la cuestión planteada, resulta
menester resaltar que lo traído a análisis de esta Alzada se circunscribe
únicamente al estudio del efecto con que debe ser concedida la apelación
interpuesta por el demandado contra la sentencia recaída en autos que
acogió parcialmente la demanda (v. fs. 1/16).
Ingresando ahora en el análisis de la cuestión referida, entendemos
que el recurso debe prosperar.
Expondremos, seguidamente, las razones que nos conducen hacia
dicha conclusión.
a) Como es sabido, la queja es el remedio procesal tendiente a
obtener que el órgano jurisdiccional competente, tras revisar el juicio de
admisibilidad formulado por el órgano inferior, revoque la providencia
denegatoria de la apelación, declare a ésta admisible y disponga
sustanciarla en la forma y efectos que correspondan; o bien, revise el
"efecto" con el que se ha concedido la apelación (argto. arts. 275, 277 y
conds. del CPC; Conf. Roland Arazi-Mabel De Los Santos, "Recursos
Ordinarios y extraordinarios", Ed. Rubinzal-Culzoni, 2005, pág. 281 y ss;
Juan Carlos Hitters, "Técnica de los Recursos Ordinarios", Ed. Platense,
2004, pág. 605 y ss).
Tiene por finalidad proveer un remedio para el supuesto en que,
mediante la inadecuada denegatoria de un recurso de apelación, un juez de primera instancia obste a la parte litigante la posibilidad a que tiene derecho
de ocurrir ante los estrados superiores de la administración de justicia o, en
su caso, para cuestionar el efecto con que éste se hubiere concedido
(argto. arts. 275, 277 y conds. del CPC; conf. Morello-Sosa-Berizonce,
"Códigos...", V.III, 1988, pág. 444)
Esta sala se ha pronunciado al respecto, señalando que "La finalidad
del recurso de queja no es otro que el de obtener un decisorio de la Alzada
que revoque el auto en el cual el juez de primera instancia, analizando
incorrectamente los presupuestos de procedencia formal del recurso de
apelación, lo denegó o, en su caso, lo concedió con un efecto distinto al
que correspondía " (causa N°145.420, RSI-110-10 del 16-3-10).
Sentados estos principios, determinaremos seguidamente cuáles son
las consecuencias que derivan de su aplicación al caso particular.
b) De una detenida lectura de las presentes actuaciones se observa
que a fs. 18/vta (881/vta de los autos principales) el Sr. Juez de primera
instancia concedió libremente el recurso de apelación sin indicar
expresamente su efecto. Sin embargo a tenor de lo normado en el tercer
párrafo del art. 243 del ordenamiento ritual no caben dudas de que la
concesión expresada en esa forma implica la asignación del efecto
suspensivo.
Como es sabido, es principio básico de nuestro sistema procesal que
el recurso de apelación proceda siempre con efecto suspensivo, salvo que la
ley disponga que lo sea en efecto devolutivo (argto.art. 243 y conds. del
CPC).
Sólo excepcionalmente la ley admite que el recurso de apelación se
conceda en efecto devolutivo, de modo que, si no se verifica el supuesto
contemplado de manera especial por el ordenamiento legal que rige en
la materia, el recurso ha de concederse con efecto suspensivo (argto. art.
243 y conds. del CPC; conf. Morello-Sosa-Berizonce, Ob. cit., pág. 176).
Precisamente esa situación de excepción es la que denuncia la quejosa, en tanto afirma que en el caso de autos se han dirimido
cuestiones referidas a una relación de consumo, que tornan operativa
previsión legal del artículo 29 de la ley 13.133, en cuanto establece que
"Cuando la sentencia acogiere la pretensión, la apelación será concedida
previo depósito del capital, intereses y costas, con la sola excepción de los
honorarios de los profesionales que representan o patrocinan a la parte
recurrente, al solo efecto devolutivo."
En la labor de verificar tal argumento, advertimos que de la detenida
lectura de la sentencia que en copia ha sido agregada a fs. 1/16, surge
liminarmente que: a) las pretensiones deducidas por el actor consisten en
obtener el cumplimiento de contrato de plan de ahorro para la adquisición de
un automotor, y hacer efectiva la indemnización por los daños y perjuicios
reclamada como consecuencia del incumplimiento del referenciado
convenio; b) esas pretensiones han sido sustentadas, entre otras normas,
en la ley 24.240 de "Defensa del consumidor"; c) el codemandado "Romera
S.A." ha invocado el mencionado plexo normativo indicando que a él se
adecuan las cláusulas del contrato; y d) el juez encuadró al vínculo negocial
entre las partes en una relación de consumo (v. considerando 12, fs. 11 ),
admitiendo incluso la procedencia de una figura legal originaria y exclusiva
del derecho consumeril: el "daño punitivo" (v. considerando 18, fs. 14/vta).
Esos elementos nos habilitan a concluir, de manera preliminar y sin
que lo dicho implique prejuzgamiento alguno, que las pretensiones
reclamadas tienen su origen en un contrato de "plan de ahorro" para la
adquisición de un automóvil que se encuentra regido por el derecho
privado y alcanzado por las normas que establecen las bases legales
para la defensa del consumidor y usuario en los términos del artículo
38 de la Constitución Nacional y, por consiguiente, de la ley 13.133.
En apoyo de lo expuesto, cabe recordar lo dicho por esta Alzada, en
cuanto afirma que "Una demanda se encauzará dentro de las previsiones de
la Ley 13.133 cuando la relación que vincula a las partes encuadra dentro de la Ley Nacional de Defensa de los derechos de los Consumidores
(24.240)..." (Sala II, causa 130568, RSI-1205 del 21-9-2004).
Consecuentemente, surgiendo de este análisis preliminar la existencia
de una relación de consumo, resulta de aplicación al caso en estudio las
previsiones específicas que al respecto consagra la ley 13.133, por lo que
de conformidad con lo normado en su artículo 29 la apelación deducida por
el demandado a fs. 17 (fs. 880 del expediente principal), debió concederse
con efecto devolutivo.
En sentido coincidente con el expuesto se pronunció la Sala Primera
de la Cámara de Quilmes -en el marco de una demanda por cumplimiento de
contrato- cuando señaló que: "Tratándose de actuaciones en las que se
han aplicado las normas del Código Pronvincial de Implementación de los
Derechos de los Consumidores y Usuarios (ley 13.133) cuando -como en el
caso de autos- la sentencia acogiere la pretensión , "la apelación será
concedida previo depósito del capital, intereses y costas, con la sola
excepción de los honorarios de los profesionales que representan o
patrocinan a la parte recurrente, al solo efecto devolutivo" (art. 29 del
referido ordenamiento) (causa 11.016, RSI-181-8 sent. del 1/10/2008).
Resta decir que la cuestión que a título de comentario denuncia la
actora al presentar la queja, atinente a falta de acreditación del depósito del
importe de condena como recaudo previo a la concesión del recurso de
apelación, excede el ámbito de conocimiento del recurso en
tratamiento, por lo que no es esta la oportunidad para que el Tribunal la
considere, sin perjuicio de las facultades oficiosas que podrá ejercer al
efectuar el segundo examen de admisibilidad de recurso de apelación.
Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas;
RESOLVEMOS:
I) Hacer lugar al recurso de queja deducido a fs. 21/22 y, por
consiguiente, modificar el efecto tácitamente asignado al recurso de
apelación concedido a fs. 18/vta (fs. 881/vta del expte. principal), correspondiendo el efecto devolutivo. Por consiguiente, una vez agregada
la presente queja al expediente principal el Juez de grado deberá ordenar la
elevación de las acutaciones principales e intimar al apelante a que agregue
copia de las piezas que le indiquen, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el
inciso 3ro. del art. 250 del C.P.C. REGISTRESE. Transcurrido el plazo del
art. 267 del C.P.C., devuélvase.
NELIDA I. ZAMPINI RUBEN D. GEREZ
Marcelo M. Larralde
Auxiliar Letrado
► Autor: SCBA - Provincia de Buenos Aires
► Fuente: SCBA - Provincia de Buenos Aires
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