En la ciudad de Dolores, a los veinte días del mes de mayo
del año dos mil catorce, reunida la Excma. Cámara de
Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento
Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar
sentencia en causa Nº 93.376, caratulada: "MASSA LILIANA
MAGDALENA Y OTROS C/ SANATORIO DOLORES SRL S/ EJECUCION
HIPOTECARIA", habiendo resultado del pertinente sorteo
(arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial),
que las Señoras Juezas debían votar según el siguiente
orden: Doctoras María R. Dabadie y Silvana Regina Canale.
El Tribunal resolvió plantear y votar las
siguientes:
C U E S T I O N E S
1a. ¿Es justa la sentencia apelada?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I Ó N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA
DOCTORA DABADIE DIJO:
I. Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal
para tratar el recurso de apelación deducido por la
demandada a fs. 1083 contra la interlocutoria de fs. 1078; presentado el memorial sustentatorio a fs. 1088/1096
resultó replicado por la contraria a fs. 1124/1128.
El iudex a quo rechazó los planteos de cosa juzgada,
abuso del derecho y consorcio pasivo necesario que
solicitara la ejecutada, y aprobó la liquidación de fs.
922/925 por la suma de $ 2.935.936. Para así decidir refirió
que la sentencia de trance y remate firme y consentida era
una valla que no podía superarse con los planteos del aquí
recurrente a los que tildó de extemporáneos. En otro sendero
desestimó la pretensión demandada en tanto entendió que la
impugnación realizada a la liquidación en cuestión no
constituía una observación concreta y detallada de los
rubros y montos que la integran. Las costas fueron impuestas
al ejecutado.
II. Los agravios.
Miguel Ruvira, en su condición de Gerente del
Sanatorio Dolores S.R.L. se agravia por entender que en la
resolución apelada no se ha advertido que la sentencia
dictada en el incidente de revisión que promoviera en su
concurso preventivo en trámite ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 Departamental,
respecto del crédito que aquí se reclama, ha quedado firme con posterioridad a la sentencia de trance y remate dictada
en este proceso y con anterioridad al dictado del
interlocutorio recurrido. A su entender esa cronología debe
tener repercusiones en la liquidación a practicar en este
proceso ejecutivo. Señala que tratándose del mismo crédito,
el pronunciamiento dado en el incidente de revisión, al
estar dotado de autoridad de cosa juzgada material, es el
que corresponde tomar en consideración para determinar el
capital e intereses integrantes de aquel y no lo resuelto
en este expediente en el que la sentencia hace cosa juzgada
formal, al no haber posibilidad de debate sobre la causa
de la obligación.
Al existir identidad entre los dos procesos, por
tratarse del mismo crédito y las mismas partes en los que
se han dictado sentencias contradictorias, que se
encuentran firmes podría provocarse un escándalo jurídico
afectando el derecho de los litigantes; incurriéndose en
excesivo rigor formal. Ese rigorismo, a su entender ha hecho
que el juzgador pierda de vista las garantías
constitucionales consagradas en la Constitución Nacional
y en los Tratados Internacionales constitucionalizados.
Indica que el antecedente citado no resulta pertinente pues la cuestión fáctica es diferente. Por
último solicita la nulidad de la sentencia por ausencia de
tratamiento de cuestión esencial, en referencia al
escándalo jurídico invocado por coexistencia de sentencias
contradictorias.
Solicitan en definitiva se modifique lo decidido
y se practique liquidación conforme las pautas del
incidente de revisión.
En su réplica la actora manifiesta que no existe
posibilidad de escándalo jurídico ni hay dos sentencias
contradictorias. Menos aún dos procesos con identidad de
sujeto, objeto y causa ya que en uno se persigue la
verificación de su crédito con garantía hipotecaria en el
concurso preventivo de la demandada, mientras que en el
presente se pretende la ejecución de esa garantía contra
la sociedad concursada, cuya regulación está dada por los
arts. 595/597 del CPCC que cuenta con sentencia firme,
mientras que en el incidente mencionado se practicó
liquidación a los efectos regulatorios, por lo que en autos
debe practicarse liquidación conforme la sentencia aquí
dictada atento su calidad de firme y consentida.
Solicita se rechace el recurso de apelación interpuesto confirmándose la interlocutoria recurrida, con
costas a la ejecutada.
III. Tratamiento de agravios.
De las constancias de este proceso y de las del
incidente de revisión, requerido como medida para mejor
proveer que tengo a la vista (v, fs. 1140), surge que
efectivamente en autos se da el conflicto que denuncia el
recurrente; vale decir la coexistencia de dos sentencias
firmes y consentidas que determinan el cálculo de un
idéntico crédito mediante dos fórmulas diferentes, en otras
palabras sentencias que producen efectos diferentes al
tiempo de la determinación del capital e intereses adeudado
ya sea con destino a su propia ejecución o a la conformación
de la base arancelaria.
La situación queda planteada ante el reclamo de un
crédito con génesis en el mismo contrato de mutuo con
garantía hipotecaria; en tanto difiere, reitero, la
metodología que se debe cumplir para liquidar el capital
adeudado y sus acreencias.
Ello así, por cuanto la sentencia dictada en el
incidente de revisión en fecha 9/11/2010, ordenó convertir
a pesos el capital reclamado en moneda extranjera a razón de un peso por dólar estadounidense, más el 50 % de la brecha
existente entre un peso y la cotización de la mencionada
divisa extranjera en el mercado libre de cambio –tipo
vendedor- del día que correspondiera efectuar el pago,
salvo que la utilización del coeficiente de actualización
–en el caso, CER- previsto por las leyes de emergencia
económica, arrojase un resultado superior, con más la tasa
de interés del 7,5 % anual no capitalizable entre moratorios
y punitorios desde la fecha en que se produjo la mora y hasta
su efectivo pago, la que quedó firme en virtud del rechazo
de los recursos extraordinarios locales y federales.
Por su parte la sentencia de trance y remate dictada
el 12/12/2007 en este proceso ejecutivo dispuso que
correspondía pesificar el monto de condena reajustado
conforme al CER desde el 4/02/2002 y hasta su efectivo pago,
con más los intereses a la tasa pactada por las partes
desde la fecha de la mora -1 de julio de 2005- (cláusula
II de fs. 172), y hasta el efectivo pago, en tanto no supere
la tasa activa en pesos que perciba el Banco de la Provincia
de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento
a 30 días para documentos no seleccionados por aplicación
de lo dispuesto en causa n° 85.454 de esta Alzada (v, fs. 680/684 -12/12/2007-; 723/737 -1/07/2008-), que ha quedado
firme en virtud de la inadmisibilidad del recurso
extraordinario local.
No cabe duda que los diferentes criterios
sentenciales establecidos para la determinación del
crédito y sus acreencias se debió a la frondosidad del
denominado plexo normativo de pesificación asimétrica y al
tiempo transcurrido hasta que la Corte Suprema de la Nación
y el Superior Tribunal Provincial fijaron sus criterios
respecto de la temática.
Resulta relevante al tiempo de decidir esta causa
que las denominadas “leyes de emergencia económica” fueron
dictadas a partir de principios de 2002 y los fallos de
acatamiento por parte de los tribunales inferiores de la
provincia de Buenos Aires, por imperio del cumplimiento de
la doctrina legal, advinieron a partir de 2008 mediante los
cuales el Superior Tribunal local fue modificando su
criterio en virtud de las circunstancias de cada caso. (Ac.
89.562; Ac. 93.176, Ac. 99.406, Ac. 97.043, todas con
sentencia del 29-XII-2008; Ac. 93.319, sent. del
28-10-2009). Es dable señalar que hasta que el Superior local
estableció una posición definitiva en el tema que nos
convoca, no existía el mismo criterio sentencial entre los
Tribunales inferiores quedando los justiciables a merced
de la interpretación normativa que pudiera hacer cada juez
y de lo que resolviese en virtud de su convicción y criterio.
Las sentencias aquí analizadas, se encuentran en
conflicto atento a que ambas fueron dictadas en tiempos
distintos, obedeciendo cada una de ellas a la posición
adoptada por la Suprema Corte al momento de su dictado.
Explicadas las razones por las que existen dos
sentencias con diferente fórmula de cálculo aplicable al
mismo crédito, tengo plena convicción que resulta atendible
el pedido de la deudora en cuanto a analizar; si es posible
continuar con dos sentencias dictadas en dos procesos con
identidad de objeto y sujetos que producen efectos
diferentes sin que se afecten derechos de las partes.
En ese rumbo resulta vital establecer si es posible
conferir al incidente de revisión del crédito verificado
en el concurso del garante hipotecario la calidad que
requiere el art. 551 CPCC al proceso de conocimiento pleno
con relación a la causa de la obligación. Es acertado decir que el trámite verificatorio, ya
sea por vía del art. 32 de la LCQ o la incidental (37 o 56
de la citada ley) bien puede definirse como un proceso de
conocimiento, contencioso, causal, típico, único y
excluyente que tiene por finalidad determinar la
composición de la masa de acreedores, monto y graduación
de los créditos; concepto que debe hacerse extensivo al
incidente de revisión del crédito en el que los interesados
pueden realizar un debate pleno con ofrecimiento
probatorio.
En las antípodas luce el proceso ejecutivo, en el
caso ejecución hipotecaria, atento el estrecho marco
cognoscitivo de este tipo de juicios; en el que nada se dice
sobre la causa de la obligación, por lo que cualquier
cuestionamiento que se pretenda por fuera de los elementos
formales del título ejecutado debe realizarse en el juicio
ordinario posterior previsto por el art. 551 Cód. Procesal
Civil.
El caso que hoy me ocupa no está dirigido a debatir
sobre la causa de la obligación sino a una cuestión
sobreviniente consistente en los efectos que ha de producir
el debate sobre el fondo de la causa del crédito en el incidente de revisión, debido -como quedó expuesto- a las
normas de pesificación asimétrica, más allá del
cuestionamiento de su constitucionalidad o no que los
interesados pudieran haber solicitado. El punto neurálgico
del tema se encuentra en la contradicción de dos sentencias
y reitero; sus efectos puestos en juego por imperio de la
actual doctrina legal de la Corte Provincial sobre el tema.
(art. 279 inc. 1 CPCC).
De las apreciaciones vertidas y como principio
general no tengo duda que la sentencia obtenida en el
proceso de revisión del crédito en el concurso del deudor
resulta equiparable en cuanto a sus efectos a la que podría
haber emanado de tramitar el proceso de conocimiento
posterior; pues ambos resultan procesos de conocimiento
pleno.
Entiendo que no resulta condición sine quo non el
cumplimiento de la condena establecida en el juicio
ejecutivo en forma previa a deducir el ordinario posterior,
como consecuencia del texto del art. 21 de la ley 24.522
t.o. ley 26.086 y de que en este momento el incidente de
revisión del crédito se encuentra con sentencia firme y
liquidación de capital e intereses aprobada a un año vista. De allí que no se ha de incurrir en perjuicio alguno para
el acreedor por la demora en que se pudiera incurrir, pues
ambos procesos se encuentran en igual estadio procesal.
Más aún, en este expediente la parte acreedora
Massa realizó un acuerdo de pago de su crédito del que dan
cuenta las constancias de fs. 1098/1122.
Por su parte, el acatamiento de la doctrina legal
hace que resulte de aplicación lo decidido en el incidente
de revisión por su coincidencia con lo dicho en la causa
SCBA, C. 89.496, sent. del 8-7-2009, y tornan aplicable
aquella sentencia por sobre la de este proceso hipotecario.
A mayor abundamiento he de señalar que la sentencia
de este proceso que produjo cosa juzgada formal ha sido
denostada por la del incidente que causa cosa juzgada
material, esa materialidad que sólo admite su revisión por
el recurso extraordinario el que fue desestimado o la
revisión por cosa juzgada írrita que no ha sido instada a
la fecha.
En ese rumbo se ha dicho que admitida la insinuación
en la forma expuesta por resolución firme, el
pronunciamiento que así lo decidiera goza de los atributos
de la cosa juzgada material, salvo dolo y sus efectos se proyectan sobre la ejecución individual promovida en estos
autos; de ahí que, las actuaciones procesales cumplidas en
este proceso ejecutivo contra la concursada, realizadas
luego de la sentencia que tuvo por verificado el crédito,
carecen de eficacia jurídica, habida cuenta que no se puede
sustituir al pronunciamiento verificatorio que pasó en
autoridad de cosa juzgada material (arts. 37, 125, 126, 132
de la ley 24.522; CC0201 LP, doct. causa 103.707, reg. int.
370/04; 105.339 RSD-265-5 S 29-11-2005).
Cuando existe una discordancia, es tal el valor que
tiene la sentencia en el incidente de verificación o de
revisión por sobre la dictada en el proceso ejecutivo que
cuando se dicta una resolución definitiva en ese incidente
con posterioridad y contraria a la dictada en el proceso
de ejecución, las cosas deberán volverse a la situación
anterior si se está a tiempo, evitando así, la liquidación
del bien en este segundo proceso sin atender lo dispuesto
en aquella. Si no, deberá reclamar el demandado por vía de
la indemnización sustitutiva, demostrando así la
supremacía de la resolución incidental por sobre la dictada
en la ejecución (RUILLON, Adolfo A.N.; Código de Comercio
comentado y anotado, La Ley 2007, T° IV-A, pag. 326). IV. Costas.
Las costas de esta instancia se imponen en el orden
causado ante lo novedoso de la cuestión debatida. (art. 68,
2° párr. del CPCC).
VOTO POR LA NEGATIVA.
LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE ADHIRIÓ AL VOTO
PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA
DOCTORA DABADIE DIJO:
Si mi voto resulta compartido corresponde revocar
lo decidido a fs. 1078/1080 en cuanto ha sido materia de
agravios, debiendo practicarse una nueva liquidación de
conformidad con las pautas establecidas en la sentencia
dictada en los autos caratulados “Sanatorio Dolores S.R.L.
S/ Incidente de Revisión de crédito por Massa, Liliana e
Hijos y otros” (Expte. N° 48.479). Las costas de esta
instancia se imponen en el orden causado en virtud de lo
novedoso de la cuestión en debate. (arts. 68, 242, 246, 279
inc. 1, 551 del CPCC; 21, 37 y cdtes. de la ley 24.522 y
modif.).
ASI LO VOTO.
LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE ADHIRIÓ AL VOTO
PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE
LA SIGUIENTE
S E N T E N C I A
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que
antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, este
Tribunal resuelve revocar lo decidido a fs. 1078/1080 en
cuanto ha sido materia de agravios, debiendo practicarse
una nueva liquidación de conformidad con las pautas
establecidas en la sentencia dictada en los autos
caratulados “Sanatorio Dolores S.R.L. S/ Incidente de
Revisión de crédito por Massa, Liliana e Hijos y otros”
(Expte. N° 48.479). Las costas de esta instancia se imponen
en el orden causado en virtud de lo novedoso de la cuestión
en debate (arts. 68, 242, 246, 279 inc. 1, 551 del CPCC;
21, 37 y cdtes. de la ley 24.522 y modif.).
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
MARIA R. DABADIE
SILVANA REGINA CANALE
GASTON FERNANDEZ
Abogado Secretario
► Autor: SCBA - Provincia de Buenos Aires
► Fuente: SCBA - Provincia de Buenos Aires
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