La protección de la mujer en el ámbito internacional Ref. Doctrina Especial para Utsupra. Derecho Internacional. Derecho Penal. La protección de la mujer en el ámbito internacional. Por Matías J. Barrionuevo. Abogado, Orientación Derecho Penal (UBA). Jefe de Trabajos Prácticos en la asignatura “Derechos Humanos y Garantías”, del Departamento de Derecho Público II, Facultad de Derecho (UBA). Docente de las asignaturas “Derecho Procesal Penal” y “Oratoria Forense” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón. SUMARIO: 1. Introducción. 2. Los instrumentos internacionales que contemplan el tema en cuestión de manera genérica. 2.1 El especial ámbito de las declaraciones. 2.2. Los tratados marco de derechos humanos. 3. La protección de la mujer, de manera específica. 3.1. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 3.2. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 4. Conclusiones.

319176::La protección de la mujer en el ámbito internacional

Por Matías J. Barrionuevo. Abogado, Orientación Derecho Penal (UBA). Jefe de Trabajos Prácticos en la asignatura “Derechos Humanos y Garantías”, del Departamento de Derecho Público II, Facultad de Derecho (UBA). Docente de las asignaturas “Derecho Procesal Penal” y “Oratoria Forense” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Los instrumentos internacionales que contemplan el tema en cuestión de manera genérica. 2.1 El especial ámbito de las declaraciones. 2.2. Los tratados marco de derechos humanos. 3. La protección de la mujer, de manera específica. 3.1. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 3.2. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 4. Conclusiones.

1. Introducción

Tanto se ha debatido, escrito y discutido a cerca de la violencia de género -ya sea en el ámbito judicial por la elaboración y el análisis de jurisprudencia, por las diversas leyes que se día a día se debaten en todos los ámbitos de la sociedad o por la incesante repercusión mediática que se le otorga al tratamiento del tema por los diversos actores que en él se ven involucrados- que en algunas oportunidades se pierde el foco en las obligaciones legales que el estado ha asumido internacionalmente en lo que respecta a la violencia de género.

En esta oportunidad centraré la atención en los tratados internacionales que tienen como misión ya sea de manera genérica o de manera específica- proteger a las mujeres contra todo acto que sea considerado violencia, más allá que la definición de violencia contra la mujer se encuentre específicamente definida en el tratado más específico que al día de la fecha ha suscrito el Estado Argentino.

2. Los instrumentos internacionales que contemplan el tema en cuestión de manera genérica.

En este apartado expondré sucintamente aquellos tratados internacionales que ostentan jerarquía constitucional y que de manera general se encargan de proteger los derechos de las mujeres, sin que su objeto sea extender un marco de protección genérica hacia este colectivo específico.

2.1 El especial ámbito de las declaraciones.

Si bien se ha discutido en el ámbito interamericano el carácter de las obligaciones que han asumido los estados de la Organización de Estados Americanos respecto de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre -de ahora en más DADDH- (1), la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos -de ahora en más Corte IDH- se ha encargado de disipar toda duda respecto de tal cuestión.

En la Opinión Consultiva 10 (2) la Corte IDH opinó que el compromiso asumido por los estados al momento de comprometerse mediante la firma de la DADDH no tiene menos peso (o mejor dicho, menos posibilidades de ser excusados de cumplimiento) por el hecho de que no sea un tratado en los términos estrictamente en los que se entiende que sí lo son los instrumentos en los que específicamente se reconoce un compromiso sin lugar a dudas. (3)

Establecido esto, y dado que no se ha cuestionado el efecto jurídico de las obligaciones asumidas por los estados respecto de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos -de ahora en más DUDH- (4), es dable asumir que los compromisos allí asumidos por nuestro estado tienen plena eficacia en lo que respecta a su exigibilidad y a la posibilidad de oponerlos frente a todo aquél que quiera transgredirlos, ya sea un particular o el propio estado.

Lo que comparten estas declaraciones -tal y como se anunció recientemente-, es que ambas nacen de la necesidad de los estados de declarar principios que deciden adoptar para darle una base firme a la necesidad de construir un nuevo orden luego de los regímenes totalitarios que se habían desarrollado a lo largo de Europa y América
En este marco es que se encuentra el reconocimiento explícito a derechos que, si bien no hacen foco en la protección a las mujeres, sí podemos encontrarla en el reconocimiento de los derechos que tiene “todo ser humano”.

Concretamente en la DADDH se le reconoce en el artículo 1 a “todo ser humano” (donde se encuentran incluidas las mujeres, claro está) el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, mientras que en el artículo 2 se reconoce que “todas las personas” son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes allí consagrados, distinción -en lo que aquí importa- de sexo, entre otras condiciones. Asimismo se le reconoce a “toda persona” el derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.

Ahora bien, en lo única cuestión en la que se tiene una consideración especial respecto de la mujer es en el artículo 8 donde se reconoce a toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia el derecho a protección, cuidados y ayuda especial.

Mientras tanto, en el sistema universal los estados han declarado -de manera muy similar a su par interamericano- por medio del artículo 1 la DUDH que “todos los seres humanos” nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que “toda persona” tiene los derechos y libertades allí proclamados, sin distinción de sexo, tal y como lo estatuye de manera tajante el artículo 2.

Asimismo se encuentra la protección para “todo individuo” respecto del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona -artículo 3- , así como también se encuentra que “todos” son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley; así como también tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación, tal y como lo refiere el artículo 7.

Por último, y sin que aquí encontremos una previsión en especial respecto de las mujeres en estado de gravidez, se reconoce que “nadie” será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación, dado que “toda persona” tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques, siendo el artículo 12 el que prevé esta protección.

2.2. Los tratados marco de derechos humanos.

Ya en el marco de los tratados internacionales propiamente dichos, es menester que nos avoquemos a los denominados “tratados marcos” en lo que respecta principalmente a los derechos civiles que se le reconoce a todo ser humano, dado que las cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales no han sido objeto de tantas violaciones cuando la mujer resulta ser la víctima por su sola condición de tal.

Entonces, dentro de este contexto de observación corresponde hacer un análisis en conjunto de los derechos que le corresponden a las mujeres, dado que las intenciones de los estados se han reflejado de manera similar tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -de ahora en más CADH- (5) y en el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos -de ahora en más PIDCyP- (6).

Si bien veremos que se repiten las fórmulas utilizadas -el ámbito del derecho nunca ha sido caracterizado por la originalidad-, lo interesante está en el orden en que se encuentran reconocidos los derechos y las obligaciones que los estados asumen a la hora de la firma de cada instrumento en cuestión.

Como primera medida, y previo al reconocimiento de los derechos en particular, ambos tratados marco se comprometen a que el respeto y la garantía de todos y cada uno de los derechos y libertades que se encuentra en cada instrumento no podrán ser ejercidos con alguna distinción basada en el sexo (en lo que aquí interesa).

Resulta novedoso -tanto para la época como para la concepción del derecho internacional público de ese entonces- que lo primero que hayan decidido adoptar los estados es justamente la imposibilidad de reconocer y de garantizar la aplicación de alguno de los derechos civiles de manera discriminada en razón del sexo del destinatario. (7)

No esta demás recordar que la realidad a la que se había “acostumbrado” el mundo en ese entonces era un desvalorizamiento de la condición humana hasta tal punto que las personas eran eliminadas de la faz de la tierra por el mero capricho de alguien a quién que no se encontraba a gusto con cualquier tipo de condición que la víctima ostentara (sexo, religión, etnia, entre otros).

De la misma forma que encontramos similitudes en las declaraciones antes analizadas, ambos tratados marco coinciden en el reconocimiento, respeto y garantías del derecho de toda persona a la vida (8), a la integridad personal (9), a la honra y a la intimidad (10), a la familia (11), y por sobre todo el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. (12)

3. La protección de la mujer, de manera específica.

Si todo lo reseñado hasta el apartado anterior fuera de cabal cumplimiento (claramente estamos frente a una utopía) no sería necesario que los estados se hubieran visto “obligados” a firmar nuevos compromisos internacionales en pos de una mejora en temas que resultan ser más profundos en cuanto a violaciones de derechos humanos más específicas.

Y aquí nuevamente debemos hacer una diferenciación, dado que los dos instrumentos que analizaré a continuación tienen una particularidad que los diferencia de una forma irreconciliable. Por un lado tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (13) y por otro la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (14) -comúnmente denominada Convención de Belem do Pará-.

Si bien pareciera ser que ambas normas son complementarias, la diferencia mencionada radica en que la primera de ellas ostenta jerarquía constitucional conforme lo dispuesto por la reforma constitucional de 1994, en el artículo 75, inciso 22, 2° párrafo; mientras que la Convención de Belem do Pará carece todavía (15) de este rango -encontrándose por debajo de ella-, pero encontrándose así y todo en un escalón por sobre la jerarquía que ostenta la ley interna, tal y como lo estipula el artículo 75, inciso 22, 1° párrafo.

3.1. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Corre el mes de diciembre de 1979, cuando en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en New York se adopta y abre a la firma a través de la Resolución 34/180 de los registros de la Asamblea General en el período N° 34 de sesiones suplementarias N° 46 (A/34/46) la convención que se conocerá mundialmente por sus siglas en ingles CEDAW. La República Argentina la firma el 17 de julio de 1980, y la ratifica el 15 de julio de 1985.

Y he aquí que a partir de este entonces podemos establecer sin temor a equivocarnos que nos encontramos con el primer instrumento internacional en lo que refiere a la protección de la mujer en sí como un sujeto de derecho que necesita toda la ayuda que la comunidad internacional pueda brindar.

Si bien los estados se encontraban con un lienzo en blanco para poder encarar la protección de las mujeres frente a los incesantes avasallamientos que padecían por el simple hecho de no haber nacido hombres, la forma en la que fue iniciada esta empresa no podría haber sido más coherente, dado que si bien es una cruzada un tanto utópica (es imposible creer que miles de años de dominación del género femenino en manos del género masculino podrían haberse resuelto mediante la firma de un acuerdo internacional), el impulso que se le intentó dar a la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres tuvo la más loable de las intenciones.

Ya desde el nombre de la propia convención podemos entrever la intención tanto de los elaboradores del texto como de los estados propulsores de la misma, toda vez que se comienza a delinear una problemática que al día de hoy se encuentra lejos de ser solucionado. Y esto es posible gracias a una definición que marca de manera definitiva el sentido que han decidido adoptar.

Dicho esto, el artículo 1 de la CEDAW establece que la "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

A partir de esta definición, los estados se comprometen a luchar por todos medios que se encuentren a su alcance contra todos los actos denoten discriminación contra la mujer por el pleno goce y ejercicio de los derechos que tiene por el simple hecho de ser persona. Asimismo, se comprometen a adoptar todas las medidas posibles para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. (16)

Si bien en la actualidad esta convención se encuentra elevada al máximo rango que puede ostentar en nuestro estado de derecho -se encuentra en un estado de igualdad con nuestra carta magna, tal y como se señaló antes- lamentablemente sus principios no han sido materializados en la realidad cotidiana, produciéndose así violaciones sistemáticas a los derechos de las mujeres que habitan el suelo argentino, las cuales son discriminadas por su sola condición de mujer.

3.2. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

Y he aquí la principal herramienta que se ha utilizado para combatir el flagelo que padece nuestra sociedad en los últimos años, en lo que respecta a la violencia que padecen las mujeres en manos de los hombres.

Cabe destacar primariamente que si bien es un tratado internacional, no cuenta con jerarquía constitucional, por lo que sus principios deben entenderse subordinados a aquellos instrumentos que tiene encima en la pirámide jerárquica normativa.

Más allá de la interpretación “local” que se ha hecho respecto de las obligaciones que el estado ha asumido con la firma de esta convención, traspasando las fronteras que se han establecido en los distintos estrados judiciales que han tenido que dictar sentencia sobre diferentes aspectos del derecho que puedan verse afectados por esta convención, y sin que tenga relevancia en el ámbito del derecho lo que se discuta (y no se despegue) en el llano social, las obligaciones que ha asumido el estado son muy claras, y allí es a donde apuntaré en particular.

En este sentido, el Estado Argentino se ha comprometido frente a sus pares en el ámbito del derecho internacional público a entender por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, tal y como lo especifica el artículo 1.

Asimismo, el compromiso no estaría del todo completo si no se llenara de contenido los conceptos vertidos en la definición, y por esto es el artículo 2 el que detalla que “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”.

Dicho esto, no pareciera quedar librado al azar un ámbito en el cual la mujer no pueda requerir del estado una protección específica (distinta en cuanto al compromiso particular, lo que no significa que deba ser más o de mejor calidad en específico desmedro de las obligaciones asumidas para con el resto de las personas que también poseen derechos y obligaciones) por el simple hecho del compromiso asumido con sus pares del sistema interamericano.

Si bien la convención consta de muchos más artículos de los analizados hasta el momento, y por ende, se encuentra compuesta asimismo por muchas otras obligaciones -tales como la adopción de medidas apropiadas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”; así como también para “garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos” (17)- lo esencial está contenido en lo expuesto hasta el momento.

4. Conclusiones.

Todo lo reseñado hasta este momento no ha tenido otro fin que recopilar las principales normas que en el ámbito internacional se han erguido en lo que respecta a la protección de las mujeres.

Si bien podemos rastrear los orígenes de la protección de las personas hasta la firma de instrumentos más antiguos que los analizados, las convenciones especializadas -principalmente la Convención de Belem do Pará- son las nuevas herramientas que hoy en día se necesitan para paliar estas continuas violaciones de derechos humanos por cuestiones de género.

Y he aquí donde las herramientas especiales toman más relevancia, dado que los estados pertenecientes a los distintos sistemas de protección (la ONU y la OEA) han decidido aunar esfuerzos para la dotarse de herramientas más efectivas para poder erradicar por completo el escollo que se presenta cada vez que una mujer sufre violencia.

Lo que se intenta aquí componer es una situación que a lo largo de la historia del ser humano se ha ido forjando de forma “natural” por un acentuado y creciente machismo que se auto colocó en un peldaño por sobre la mujer.

Sería fantasioso creer que la simple firma de un acuerdo entre iguales podría provocar un cambio en la sociedad de un día para otro y que de esta forma se hayan agotado todas las penurias padecidas por quienes viven en un estado de derecho, pero lo que si podemos hacer como operadores de derecho es luchar día a día para que este flagelo continúe desapareciendo, hasta extinguirse.


Citas
(1) Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, 1948.
(2) Del 14 de julio de 1989.
(3) De la lectura en conjunto de los párr. 42, 46 y 47.
(4) Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
(5) Firmado el 22 de noviembre de 1969, con entrada el vigor el 18 de julio de 1978, de conformidad con el artículo 74.2.
(6) Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, con entrada en vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49.
(7) Cfr. PIDCyP, Art. 2 y CADH, Art. 1.
(8) Cfr. PIDCyP, Art. 6 y CADH, Art. 4.
(9) Cfr. PIDCyP, Art. 7 y CADH, Art. 5.
(10) Cfr. PIDCyP, Art. 17 y CADH, Art. 10.
(11) Cfr. PIDCyP, Art. 23 y CADH, Art. 17.
(12) Cfr. PIDCyP, Art. 3 y CADH, Art. 24.
(13) Aprobada por resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Suscripta el 17 de julio de 1980 y ratificada por Ley 23.179.
(14) Suscripta el 9 de junio de 1994. Aprobada por Ley Nacional N° 24.632 del 13 de marzo de 1996.
(15) En la actualidad se encuentra pendiente de tratamiento un proyecto de ley presentado ante Honorable Cámara de Diputados de la Nación para que se le otorgue jerarquía constitucional a la Convención de Belem do Pará, principalmente sostenido por sus impulsores en el clamor social que en la actualidad se encuentra atravesando la situación de la república, reflejado a través de las masivas marchas denominadas #NiUnaMenos.
(16) Cfr. Artículos 2 y 3.
(17) Cfr. Artículo 5, párrafo 1 y 2.





Fuente: (c) 2000 - 2015 - Utsupra.com. UTSUPRA DATA UDSS S.A. - Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducciòn total o parcial sin el consentimiento expreso del editor. Autor: (c) 2000 - 2015 - Utsupra.com. UTSUPRA DATA UDSS S.A. - Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducciòn total o parcial sin el consentimiento expreso del editor.



Nota de la Redacción: Todo contenido vertido en el presente u otros artículos con firma de autor, tanto el eventual caso de posiciones tomadas y/u opiniones volcadas, no implica necesariamente la visión y/o postura de la Editorial ni de sus Directores e integrantes con respecto al presente tema, configurando meramente doctrina legal y libre opinión del profesional.

Nota de la Redacción: La doctrina jurisprudencial no implica necesariamente su acatamiento irrestricto. Su fin es constituir fuente de derecho, el estudio e investigación de antecedentes y reforzar posiciones de parte en litigio. Su doctrina puede también variar con el transcurso del tiempo. Los sumarios oficiales son emitidos por las Secretarías de Jurisprudencia de las distintas jurisdicciones o fueros. UTS

(c) 2000-2006 Utsupra.com Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reprodución total o parcial sin el debido permiso de la empresa.